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Nuestro aeropuerto disfuncional

Es posible que España, menos de una década después de la última vez que sucedió, deba ser rescatada como país. Esto es, otros pondrán el dinero necesario para salvarnos de la quiebra, a cambio de que decidan sobre nosotros sobre la disminución de nuestros gastos, incluso en áreas tan políticamente sensibles como sanidad o educación. Porque, como en la anterior ocasión, quizás no sea posible esquivar la quiebra sin tocar estas partidas . Y es fascinante nuestra relación con este hecho dramático. Nada más atisbarse en el horizonte, el gobierno español lideró al país en la súplica. Pero no una súplica cualquiera, sino una súplica orgullosa. Exigimos solidaridad. Y, efectivamente, los alemanes destinarán sus impuestos a alejarnos del abismo, en primer lugar porque nuestra caída sería desastrosa para ellos también. Toda exigencia de afecto siempre ha escondido un chantaje.

Antes de la inesperada debacle producida por la COVID-19, España llevaba encadenados seis años de crecimiento económico -a un ritmo envidiado por muchos países de nuestro entorno-, durante los cuales al ciudadano medio de este país se las traía al pairo que nuestros dirigentes renunciaran a prepararse, como sí lo ha estado haciendo por ejemplo Alemania, para la nueva crisis que siempre acaba por llegar. Volvimos a gastar año tras año lo máximo que pudimos. No lo que debimos.

Como muestra un botón. En los últimos estertores de su mandato, un Rajoy desesperado buscaba el voto de Nueva Canarias para sus presupuestos, voto que finalmente acabó consiguiendo. La fuerza nacionalista solicitó -y obtuvo- a cambio el aumento del 25% en la subvención a los billetes de avión y barco de los residentes canarios -y, de rebote, de los baleares- , hasta situar esta en el 75% del costo del desplazamiento.

Hace unos días, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hacía públicas las conclusiones de un estudio sobre el costo de esta medida: 456 millones de euros de más, cada año. Esta es la cantidad extra de impuestos de ciudadanos españoles que se han debido destinar a nuestros viajes, si tenemos en cuenta el aumento del gasto sobre la última anualidad en que seguíamos subvencionados al 50%. Este incremento se ha producido por un mayor número de desplazamientos, pero también, y en una importante medida, por el incremento del precio de los vuelos. La explicación de esta subida de precios es de primero de economía: los billetes ya eran asequibles antes del incremento de la ayuda. Cuando en cualquier pueblo toca la lotería, los precios obviamente suben.

Que los responsables de Nueva Canarias, eligieran esta subvención para plantear su demanda, no se debió a que hubiera grandes dificultades con el costo de sus desplazamientos para los canarios. O, en cualquier caso, si había dificultades, estas afectaban a un cierto porcentaje de la población, con recursos bajos, o con necesidades ineludibles de desplazamientos frecuentes, a la que se hubiera podido atender con medidas específicas.

Si los propietarios del valioso escaño en el Congreso de los Diputados escogieron esta partida de gasto, no fue por sus cualidades como medio para mejorar la vida de aquellos ciudadanos en mayor precariedad. Sino por sus cualidades como producto que vender al conjunto de canarios como resultado de su actividad política, frente a unas elecciones que ya se presagiaban en el ambiente.

Según algunos estudios, un consumidor realiza un tercio de sus compras de forma compulsiva, y para ello el producto debe estar al alcance de la mano -típicamente frente a la cola de caja-, y tener unas cualidades obvias y muy atractivas: precio económico, mucho azúcar, etc. Un descuento de 8, 10 o 20 euros extra en un billete de avión es un producto de ensueño para un vendedor: no hay nada que explicar, y la punzada de placer es instantánea. Con el añadido en este caso de que el Estado asume la responsabilidad del despilfarro por nosotros. Mejor dicho, que el Estado renuncia a la responsabilidad por nosotros.

Recordemos los datos. El gasto de dinero público en nuestros desplazamientos en 2016, antes del incremento de la ayuda, era de 309 millones anuales. En la actualidad, con el aumento de esta al 75%, es de 765 millones. 456 más, año tras año. Destinados en igual porcentaje a miles de billetes de acaudalados pasajeros en primera clase, que a cualquiera de nosotros, que va a Madrid de vez en cuando, y con ese descuento rasca para algún capricho de más. Por tener una referencia, el Aeropuerto de Castellón, uno de los paradigmas del despilfarro que nos llevó a la anterior quiebra, costó 136.5 millones. 150 millones si contamos las comunicaciones y otras infraestructuras que fueron necesarias alrededor.

Cuando lleguen a medio plazo las inevitables disminuciones presupuestarias en partidas consideradas como vitales, el Gobierno, y gran parte de la ciudadanía, plantearán la cuestión como una lucha entre el Bien y el Mal. Buenos nosotros. Malos, el resto. Qué otra cosa se puede hacer, más que asumir alguna responsabilidad. En realidad, la cuestión es mucho más banal. Como votantes, nos encanta el azúcar.

Publicado enUncategorized

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